PP, PSOE e IU piden al Gobierno que no suprima el juzgado

Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Medina de Rioseco (PP, PSOE e IU) aprobaron en pleno ordinario una moción conjunta en la que se insta al Gobierno español al mantenimiento del partido judicial de Rioseco, en contra del proyecto realizado por el Consejo General del Poder Judicial que ha propuesto la supresión de 25 demarcaciones judiciales de Castilla y León, entre ellas la de Tierra de Campos, que conllevaría el cierre del juzgado riosecano y su traslado a la capital vallisoletana.

De esta forma, los portavoces del grupo popular, María San José; del socialista, Isidoro García Pando y el de IU, Ignacio San José, consensuaron una moción -que fue aprobada por unanimidad- en la que piden al Parlamento que “una eventual modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial,  no suponga la supresión del Juzgado de Medina de Rioseco”. Asimismo, se insta al Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia “para que no se incluya en la reforma de la Ley de demarcación y planta judicial, la supresión del Partido Judicial de Medina de Rioseco”. Por último, la moción acuerda que se traslade el acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, al ministro de Justicia del Gobierno de España, al presidente de la Junta de Castilla y León, al delegado del Gobierno de España en Castilla y León y al presidente del Consejo General del Poder Judicial.

La moción recuerda los antecedentes de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial que propone la supresión de los partidos judiciales en virtud de aquellas demarcaciones que no den servicio a cien mil habitantes o que el tiempo de desplazamiento desde cualquier municipio al de cabecera exceda de una hora.

Los grupos políticos del Consistorio riosecano recuerdan que “el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco presta servicio a mas de 20.700 ciudadanos, repartidos en casi 60 municipios de poca densidad demográfica” y aseguran que el informe del CGPJ no tiene en cuenta “las circunstancias del medio rural que predomina en el zona norte de la provincia de Valladolid, en particular la dispersión de población en pequeños municipios y la distancia a la Capital, que hacen que el tiempo necesario para trasladarse supere en muchos casos la hora y media de viaje”. 

La moción asimismo, asegura que de producirse la supresión del partido judicial y del juzgado riosecano supondría “un importante retroceso de los servicios prestados a quienes residimos y seguimos apostando por vivir en la zona rural”. Por último, incide en que el acceso a la justicia “es un derecho consagrado en el artículo 24 de la Constitución” y establece que “el derecho del ciudadano a que su comparecencia personal ante el órgano judicial resulte lo menos gravosa posible”, por lo que el pleno entiende que “ambos derechos se ven seriamente perjudicados cuando los órganos encargados de administrar justicia se alejan geográficamente de los justiciados, haciendo que los ciudadanos del medio rural tengan una dificultad añadida a la que puedan tener quienes residen en la capital o en sus inmediaciones”, concluyen.

Asimismo, el pleno de la corporación, también de forma unánime aprobó la financiación para el pago de proveedores al plan puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para liquidar las facturas anteriores a 31 de diciembre de 2011. En este caso, el Ayuntamiento riosecano solicita la cantidad de 353.676,17 euros que deberá devolverse en un plazo de diez años. El portavoz de IU, Ignacio San José, en su intervención, deseó que este sea “el último crédito” que solicite el equipo de Gobierno.

Como es habitual en las sesiones ordinarias, el pleno terminó con el punto correspondiente a ruegos y preguntas, que la oposición aprovechó para plantear al equipo de Gobierno una batería de cuestiones y dudas. Ignacio San José de IU pidió, una vez más, que se le hagan llegar las actas de la comisión de Gobierno, mientras que desde la bancada socialista el listado fue mucho mayor. Se preguntó acerca de las medidas que se barajan para evitar los actos vandálicos en los jardines de El Castillo, donde está ubicada la guardería infantil, se pidió la retirada de bolardos de calles como Portales del Carbón o Carnicerías que no cumplen la legalidad vigente y se instó al cuidado del parque ubicado junto al Canal de Castilla, detrás de los almacenes de la dársena. El portavoz socialista Isidoro García Pando denunció la “irregularidad flagrante” de un negocio junto a la iglesia de Santiago que “funciona como bar-restaurante desde el mes de mayo y solo tiene licencia de kiosco desde marzo de este año”, mientras que una vez más solicitó un nuevo equipo de incendios en el Teatro Principal. El grupo de Gobierno aseguró tomar nota de todas las peticiones, aunque Artemio Domínguez, adelantó que una cámara de video vigilancia ha podido grabar los actos vandálicos y que se está a la espera de revisar la grabación para emprender las acciones necesarias. Asimismo, el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Gallego, justificó la concesión de la licencia como kiosco al establecimiento hostelero que opera junto a la iglesia de Santiago para facilitar su apertura, “porque en breve logrará la licencia de su actividad”.