Las Cortes también rechazan la supresión de partidos judiciales

Las Cortes de Castilla y León fijaron una posición de comunidad en la futura reforma de la ley de Demarcación y Planta que pasa por que el Gobierno central tenga en cuenta el perfil demográfico y territorial en la reorganización del mapa judicial y por el rechazo «de plano» a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial que plantea un juzgado por cada 100.000 habitantes, lo que supondría la desaparición de 25 partidos judiciales.

El acuerdo fue certificado por PP y PSOE, fruto de sendas iniciativas, pero contó con la adhesión de los dos procuradores del Grupo Mixto (IU y UPL) para presentar ante el Gobierno central una posición cerrada de comunidad y el “rechazo firme” al informe realizado a iniciativa propia por el máximo órgano de gobierno judicial.

Redondo explicó que su grupo cierra el acuerdo por responsabilidad, para “hacer causa común en lo que nos une”, y recordó que la supresión de 25 juzgados en las cabeceras correspondientes -localidades de las nueve provincias que enumeró en el pleno de las Cortes- incidirá en el empleo y en la economía de esas zonas y no facilitará que se preste el servicio de la administración de justicia con igualdad y equidad.

En su enumeración de los municipios que perderían el juzgado, la socialista lanzó un mensaje de tranquilidad con el acuerdo adoptado por las Cortes, pero lanzó la responsabilidad al Gobierno central y a la Junta en caso de que la ley se reformará conforme a esa propuesta y llevará a la supresión de centros y a no mantener el mapa actual.

“Lo bueno es que vamos de la mano en los cambios que hay que hacer para mejorar la justicia”, destacó Ayala, quien subrayó en especial el acuerdo entre los grupos para que el Gobierno tenga en cuenta que “no vale el café para todos” y respete las peculiaridades de Castilla y León, como su dispersión, extensión y baja población. “Hay que dejar claro en Madrid que los 100.000 habitantes para tener un juzgado y una hora de distancia no valen en Castilla y León”, resumió.

El buen tono de las ponentes en la presentación del acuerdo se enturbio un poco al final cuando Redondo reprochó al PP que el consenso sea de mínimos y que no hayan querido reflejar que la propuesta afecta a la supresión de 25 partidos judiciales, por lo que trasladó la responsabilidad en caso de que hubiera recortes al Gobierno central y a la Junta.

“Primero llegamos a un acuerdo y luego me riñe”, respondió Ayala, quien resaltó que su grupo es reivindicativo ante el Gobierno del mismo signo político algo que no reconoció a la oposición socialista cuando han gobernado en España, si bien más allá de esas consideraciones destacó que exista una posición de comunidad para “caminar juntos en la defensa del último pueblo”. Al acuerdo se unió el Grupo Mixto a través de su portavoz, José María González, quien reprochó que no se hubieran dirigido a ellos a

nte un asunto de comunidad y recordar que iba a votar sin conocer lo acordado, ya que ninguna de las dos ponentes presentó el texto de la resolución. Ayala pidió disculpas a los procuradores del Mixto y agradeció que se una al consenso. González rechazó que el mapa se proponga por el CGPJ y defendió la autonomía y competencias de la Comunidad, aunque no tenga transferidos los servicios de la administración de justicia, para realizar una propuesta y fijar su posición ante el Gobierno. “En defensa de la autonomía de Castilla y León vamos a votar a favor”, precisó.

PP,PSOE e IU de Rioseco piden que no se suprima el juzgado