Medina de Rioseco podría sufrir un duro mazazo si el Ministerio de Justicia atiende la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que insta a la supresión del Partido Judicial de Medina de Rioseco -además del de Medina del Campo, en Valladolid- para centralizar el servicio en la capital.
Así lo ha publicado hoy el periódico El Día de Valladolid, quien asegura que el CGPJ aprobó la semana pasada el Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial en el que proponen la supresión de hasta 25 partidos judiciales en toda la comunidad y su centralización en otros juzgados principales (normalmente coincidiendo con las capitales de provincia).
Esta medida afectaría de lleno a Medina de Rioseco que se quedaría sin su Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1, ubicado en dependencias municipales (en el edificio anexo a la Casa Consistorial) y que actualmente da servicio a 20.758 ciudadanos de toda la zona norte de Valladolid.
El alcalde de Medina de Rioseco acogió con “sorpresa” la noticia de la que se enteró por la llamada de un periodista del citado medio que adelantó la información. “Aunque aún no tengo ninguna notificación oficial, la opinión personal y del Ayuntamiento es que estamos totalmente en contra de esta medida”, decía Artemio Domínguez, quien apostillaba “que es una propuesta que afecta muy negativamente al medio rural que perdería así un importante servicio”.
“Yo desconozco la valoración económica de mantener o no el servicio, pero somos totalmente contrarios. En caso de que nos confirmen oficialmente la medida nos pondremos manos a la obra para intentar evitar la supresión del juzgado que hasta ahora está haciendo una buena labor”. Asimismo, el regidor decía que la distancia con Valladolid, especialmente de los municipios del norte de la provincia, como Mayorga y Villalón, es notable. Un dato que habrá tener en cuanta, más si cabe que el Consejo General del Poder Judicial en su informe no plantea la supresión de otros partidos judiciales como Ciudad Rodrigo (Salamanca), Puebla de Sanabria (Zamora), Arenas de San Pedro (Ávila), Cervera de Pisuerga (Palencia) o Aranda de Duero (Burgos). De hecho, el documento del CGPJ asegura que las circunscripciones deberán “tener una población superior a cien mil habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora”. La distancia desde Mayorga a Valladolid, por ejemplo, supera esa medida.
Por otra parte, según publica El Día de Valladolid el Consejo General del Poder Judicial recuerda en el documento “el enorme déficit acumulado durante decenios por una organización estructurada más en función de la presencia que de la eficacia; distribuida con criterios geográficos imperfectos y desequilibrados”. Prosigue El Día en su información argumentando que el CGPJ hace esta propuesta entre otras cosas, porque ninguno de los dos partidos judiciales cumple con las características de los que tienen que resultar de esta reforma, que afecta al sistema judicial de todo el país.
CCOO habla de “agresión” y el Partido Castellano de «ignorancia»
Aunque la noticia saltó esta mañana en El Día de Valladolid, en algunos otros diarios regionales y nacionales ya circula desde hace varios días. De hecho, el sindicato de Comisiones Obreras en su página web ya denunciaba la medida el pasado 19 de abril, que calificaba de auténtica “agresión”. Dice CC.OO. que se reducirán en más de un 50% los partidos judiciales pasando de 41 a 16 en Castilla y León de prosperar la medida. [En España de 431 a 199]. “En una Comunidad tan extensa como la nuestra, implica una dificultad añadida al acceso de los ciudadanos a la justicia, unida a las deficientes comunicaciones y dificultades orográficas en el ámbito rural. Nos tememos que a esto se añada la desaparición o reducción de las agrupaciones de Juzgados de Paz”, asegura el sindicato en un comunicado. Asimismo, CC.OO. califica de “ataque en toda regla a los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia”, pues temen que la propuesta busque fundamentalmente “una reducción significativa de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos de trabajadores, sin respetar los derechos consolidados de éstos”.
Asimismo, la agrupación provincial del Partido Castellano (PCAS-Valladolid) también, en una nota de prensa, se opuso “de forma frontal a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Sin duda la propuesta del CGPJ nace de la ignorancia y del desconocimiento que se tiene del medio rural de nuestra tierra» manifestaron los castellanistas. La clausura de los Juzgados «rurales» de la provincia significaría alejar a la Justicia de la ciudadanía y crear un nuevo agravio comparativo para los habitantes del medio rural. El PCAS no encuentra ninguna justificación para ejecutar esta medida, «somos los primeros que creemos en la austeridad, llevamos años solicitando la supresión de instituciones obsoletas y caras como las diputaciones provinciales. Pero suprimir estos juzgados sólo contribuye a discriminar, una vez más, a los habitantes de las zonas rurales», expresaron.